La responsabilidad de los administradores sociales derivada de su gestión se presenta como una de las cuestiones más litigiosas en el ámbito societario en nuestro país. Dicha responsabilidad se encuentra regulada en los art. 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. En lo relativo a esta materia, la Ley de Sociedades de Capital ha sufrido una fuerte modificación a través de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

En síntesis, el actual régimen queda configurado de la siguiente forma:

1. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD.

El art. 236 LSC establece una cláusula general sobre la responsabilidad de los administradores de hecho o de derecho, al decir que éstos responden “frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por sus actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desarrollo del cargo”. Para que esta responsabilidad surja, además del daño, son necesarios otros presupuestos como el acto ilícito por los administradores y que exista una relación de causalidad entre el acto de los administradores y el daño.

En resumen, para que se produzca la responsabilidad de los administradores son necesarios tres presupuestos:

  1. Primer presupuesto: Es necesario el requisito de que exista un daño.
  2. Segundo presupuesto: Que los administradores hayan incumplido sus obligaciones.
  3. Tercer presupuesto: La existencia de una relación de causalidad entre el acto ilícito de los administradores y el daño

Tras la reforma, la LSC amplía la responsabilidad a los administradores de hecho. Del mismo modo, la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.

2. CARÁCTER SOLIDARIO.

El art 237 LSC establece que todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente.

El artículo anteriormente señalado establece la posible exoneración de esa responsabilidad de alguno de sus miembros en los siguientes casos:

  1. Cuando el administrador, ausente de la reunión donde se adoptó el acuerdo lesivo, desconozca su existencia; desconocimiento que ha de referirse tanto al momento anterior a la reunión como al posterior.
  2. Cuando el administrador conozca la existencia del acuerdo lesivo, hizo todo lo conveniente para evitar el daño.
  3. Cuando el miembro del órgano de administración, al menos, se opusiera expresamente al acuerdo lesivo.

3. PRESCRIPCIÓN.

Hasta antes de la reforma la Ley de Sociedades de Capital no hacía referencia ninguna a la prescripción de las acciones de responsabilidad de los administradores sociales; por este motivo, debíamos remitirnos – tal y como estableció la jurisprudencia

– al art. 949 C.Com que fijaba la prescripción de este tipo de acciones en cuatro años.

La ya citada reforma introdujo el art. 241 bis LSC que incorporaba el plazo de prescripción a este cuerpo legal, logrando dejar atrás discusiones doctrianes e incorporándolo a la norma en la que debía estar recogida. El plazo se mantiene en cuatro años.

El dies a quo, según establece la nueva legislación, comienza a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse, es decir, desde que se tiene conocimiento de los hechos que permiten entablarla. Esto supone que prácticamente es irrelevante el momento en el que se cometió el daño, sino que lo relevante es el momento de conocimiento del mismo, lo que puede dar lugar a una “imprescriptibilidad” de la acción. Anteriormente a la reforma, el dies a quo comenzaba a contar desde que los administradores cesaren en el ejercicio de su administración, ya que a partir de este momento los accionistas tenían capacidad de demostrar los hechos dañosos. El TS ha reiterado varias veces que la inscripción en el Registro Mercantil del cese no es constitutiva, por ello no se puede tomar este momento como dies a quo. Hay que destacar que el TS también ha señalado el dies a quo en el momento en que el acreedor conoce el daño.

4. ACCIONES RECOGIDAS EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

4.1. Acción social:

Se encuentra recogida en el art. 238 LSC. Busca reparar el patrimonio de la sociedad y tiene como presupuesto  el daño directo de la sociedad. La sociedad es la legitimada para adoptar el inicio de la acción previa aprobación la Junta General.

Lo normal es que la aación no prospere en Junta General, por lo que la Ley de Sociedades de Capital establce que cualquier accionista que tenga un 5% del capital social puede ejercitar la acción social. Si la sociedad es cotizada el porcentaje de capital social para iniciar de forma subsidiaria la acción social de responsabilidad baja al 3%.

La reforma introduce la siguiente novedad: cuando la acción tenga como base la infracción del administrador del deber de  lealtad la legitimación de los socios es directa,  es decir, no es necesario plantear dicha acción previamente en Junta General. Al ejercitar dicha acción se pueden reclamar los daños sufridos por la sociedad daños más el enriquecimiento injusto del que haya podido disfrutar el administrador. Cuando la demanda tiene como base la  vulneración del deber de lealtad el socio actúa por su cuenta en lo que a las costas se refiere.

En el caso de que lo que se alegue sea el incumplimiento del deber de diligencia, la acción del socio es subsidiaria, gozando de la legitimación directa la Junta General. En este caso tan sólo se pueden reclamar los daños causados.

Hay una tercera legitimación, la de los acreedores. Ésta nace cuando no la han entablado previamente ni la sociedad ni los socios. Para que los acreedores puedan entablar esta acción es necesario que el patrimonio de la sociedad sea infucifiente para satisfacer el crédito. El hecho de exista patrimonio insuficiente para satisfacer el crédito es presupuesto objetivo del concurso de acreedores y debería solicitarse el mismo. Una vez iniciado, y sobre la base del art. 48 quater LC sólo puede ejercitar la acción social la administración concursal por lo que no se puede llegar a entablar nunca la acción social por los acreedores.

4.2 Acción individual:

Se encuentra recogida en el art. 241 LSC. Los socios o acreedores pueden ejercitar acciones contra los administradores por los daños que éstos causen, en el ejercicio de sus funciones, directamente en su patrimonio. Sólo es posible entablar esta acción por falta del deber de diligencia. En este supuesto sólo se pueden reclamar los daños derivados del deber de lealtad. Hay cuatro supuestos de lesión directa para la doctrina:

  1. Ilícitos de empresa.
  2. Intromisión del administrador en las relaciones socio-sociedad.
  3. Intromisición en sede precontractual del administrador.
  4. Intromición del administrador en el contrato.

 

4.3. Ejercicio alternativo de acciones.

La acción social y la individual se pueden ejercitar alternativamente. Es decir,  se incluye como acción principal de la demanda la acción la individual de responsabilidad y, en caso de no ser estimada, se interpone subsidiariamente la acción social de responsabilidad.

Se discute si es posible acumular la acción de cumplimiento de contrato y la acción por daños a la sociedad. El principal obstáculo para poder llevar a cabo dicha acumulación es que mientras la primera acción compete a los Juzgados de Primera Instancia, la segunda compete a los Juzgados de lo Mercantil.  A la hora de resolver esta cuestión noes encontramos dos posturas enfrentadas: mientras que la Audiencia Provincial  de Barcelona sí admite la acumulación de acciones, la Audiencia Provincial de Madrid no lo acepta.
5. ACCIÓN RECOGIDA EN LA LEY CONCURSAL.

El art 172 bis LC ofrece un instrumento funcional y flexible para atribuir a los gestores las consecuencias patrimoniales de determinados comportamientos relativos a la gestión de la crisis empresarial.

La responsabilidad concursal es la exigible a instancias de los órganos de un procedimiento de concursal, en defensa de la colectividad de los acreedores, con la finalidad de atribuir a los administradores o apoderados generales de la persona jurídica de cuyo concurso haya sido declarado culpable la obligación de cubrir en todo o en parte del déficit subsistente tras la liquidación de la masa activa. Se trata de una responsabilidad orgánica debido a que deriva del ejercicio de funciones y competencias propias de los administradores.

 

Autor: Eugenio Sanz, Letrado colaborador de LaBE Abogados.