Tras las noticias publicadas en las últimas semanas sobre las presiones sufridas por el fiscal murciano que investiga la posible corrupción del Presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez López, en Grupo LaBE creemos conveniente realizar un análisis sobre la regulación jurídica y la independencia de este órgano estatal.

Numerosas son las publicaciones que se pueden encontrar en los medios de comunicación acerca de esta cuestión, generando en ocasiones cierta sensación de falta de imparcialidad en instituciones como el Ministerio Fiscal y procesos como el Caso Nóos; recordemos que la fiscalía no ha culpado a la Infanta Cristina de ningún delito penal.

Por este motivo, vamos a elaborar una exposición que sirva para clarificar la estructura orgánica y constitucional de este órgano tan polémico.

 

Concepto de la Fiscalía

El artículo 124 de la Constitución española establece que “el Ministerio Fiscal se encargará de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Teniendo en cuenta esta definición conviene acudir a la ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta ley ha sido modificada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre. Así en el capítulo II de la primera ley se establece cuáles serán las funciones concretas de este órgano. Entre ellas destacan:

  • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
  • Velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

En esta misma línea, se dedican dos artículos para clarificar la sujeción a la legalidad e imparcialidad. Así, el Ministerio Fiscal tendrá total sujeción a la Constitución así como a las diferentes leyes que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en concreto, se establece: “actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.

 

factoresOrganización Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal se organiza en diferentes organismos que se distribuyen territorialmente por toda España. Se debe subrayar que es un órgano único en todo el Estado.  La figura más relevante es el Fiscal General del Estado, encargado de proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos a elegir. Además de ser un instrumento jerárquico.

Sin lugar a dudas, este órgano será el que mayor relación tenga con el Ejecutivo. Esto se debe, entre otros factores, a que se trata de un cargo elegido por el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, se puede nombrar el Consejo Fiscal cuyos miembros serán: el Fiscal General del Estado, su presidente, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.

Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, se elegirán, por un período de cuatro años, por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo, constituidos en un único colegio electoral en la forma que reglamentariamente se determine.

Cabe mencionar una de las fiscalías especiales, creada en el año 1995: la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Ésta intervendrá directamente en procesos penales cuando se investiguen, entre otros, los siguientes delitos:

  • Delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y de contrabando.
  • Delitos de prevaricación.
  • Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Fraudes y exacciones ilegales.
  • Delitos de tráfico de influencias.
  • Delitos de cohecho.

 

¿Es un organismo independiente?

A pesar de la creencia que en la opinión pública se pueda tener, lo cierto es que en nuestra legislación no se oculta la posible influencia que el Gobierno podrá tener sobre este organismo. Así en el art. 8 de la ley que se ha mencionado anteriormente, se establece la siguiente información:

“El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”.

Resulta evidente que el Gobierno encargará al Ministerio Fiscal que investigue y represente el interés público de todo el país. Sin embargo, no se puede permitir que tal injerencia suponga un menosprecio a la legalidad y orden democrático del mismo. Por ello, cuando las interferencias se producen para eliminar investigaciones o presionar a los altos funcionarios de nuestro país para que no realicen alguna actividad que pueda ser beneficiosa para el Estado, estamos ante una clara actuación arbitraria por parte del Ejecutivo que realice tal actividad.

Por tanto, desde Grupo LaBE consideramos que se debe dotar al Ministerio Fiscal de mayor independencia del Ejecutivo, comenzando por la no designación por parte del Gobierno del Fiscal General del Estado. Si esa regulación continúa de tal manera, se seguirán publicando artículos como el del 1 de marzo de este mismo año, donde José Manuel Maza, actual Fiscal General del Estado, defiende su capacidad para intervenir en asuntos relevantes relacionados con la corrupción. Numerosos autores así como jueces defienden una total independencia del poder judicial respecto a los dirigentes políticos.

 

sociedadEn definitiva, lo que se desprende de todo lo aquí mencionado no es si el Ministerio Fiscal debe ser independiente o no, sino que debe cumplir con lo dispuesto en la ley. Es decir, será imposible su independencia en tanto que ya en la Constitución Española se establece que no lo será. Sin embargo, sí que puede instruir los casos con total respeto a las leyes democráticas, con arreglo a los límites que en ellas se establecen.

Por ello, la importantísima labor que realiza el Ministerio Fiscal debe ser ejercida con total independencia de las cuestiones de naturaleza política.