Según la Organización Mundial del Comercio, “la contratación pública representa en promedio el 10 – 15 % del PIB de una economía”. No obstante, en los países que se encuentran en el “Estado del bienestar”, como España, dicho porcentaje suele llegar al 18,5 %.

Se trata, por lo tanto, dada la amplitud del sector público español, de un campo de indudable atractivo para las empresas, que participan cada día en la ejecución de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos y servicios y colaboraciones entre el sector público y el sector privado.

Sin embargo, no siempre es fácil para las mismas tomar parte en este tipo de contratos sin un asesoramiento específico.

1479158853_f046¿Qué es un contrato con el sector público?

 Los contratos del sector público son aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren con particulares los entes, organismos o entidades siguientes:

  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
  • Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
  • Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público o dependientes del mismo que tengan funciones de regulación o control sobre un sector o actividad.

Por su parte, los contratos subvencionados que celebren los particulares con determinados entes, organismos y entidades del sector público y, los contratos de concesión de obras públicas en ciertos supuestos, tienen su regulación específica.

 

1484171581_leanpub¿En qué se diferencia un contrato entre particulares con un contrato del sector público?

Mientras que en un contrato celebrado entre particulares “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público”, los contratos públicos se encuentran encorsetados entre numerosas normas de Derecho Administrativo; europeas, estatales, autonómicas o locales.

Toda esta legislación, cuyo epicentro se encuentra en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, trata de garantizar los principios básicos de publicidad; transparencia; igualdad y eficiencia en el gasto público.

Habida cuenta de que la eficiencia en el gasto de todos los entes, organismos y entidades del sector público sólo se consigue con un análisis minucioso de sus necesidades a cubrir, una adecuada competencia entre los licitadores y una selección de la oferta económicamente más ventajosa, las diferentes organizaciones públicas realizarán exhaustivos procedimientos de diversa índole para finalmente adjudicar el contrato a la empresa más adecuada.

 

1484171649_f164¿Cómo pueden los particulares conocer las ofertas que publican los entes, organismos y entidades del sector público?

Las licitaciones son las ofertas que se realizan en una subasta o concurso público, y se pueden conocer fundamentalmente a través de la “Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda y de la Función Pública”

Asimismo, todas las Comunidades Autónomas tienen su propia plataforma.

En la Comunidad de Madrid existe el “Portal de la Contratación Pública”

Los Ayuntamientos de grandes dimensiones también tienen sus propias plataformas. Así en Madrid ésta sería el “Perfil del contratante”

Y, desde luego, en las Diputaciones Provinciales se pueden encontrar las licitaciones de la Provincia, ya que en ellas se concentra la contratación de los municipios de menor población.

Así, en la página web de la Diputación de Albacete, se podría acceder al “Perfil del Contratante”.

 

factores¿Qué procedimientos utilizan los entes, organismos y entidades del sector público para seleccionar a los contratantes?

Los más significativos en la legislación estatal serían los siguientes:

  • El procedimiento abierto, en el cual todos los empresarios podrían presentar sus proposiciones, si bien no podrían negociarse los términos contractuales.
  • El procedimiento restringido, caracterizado por la selección por el órgano contratante de un mínimo de cinco candidatos en base a unos criterios de solvencia previamente establecidos. De igual manera, está prohibida la negociación de los términos del contrato entre los licitadores y el órgano de contratación.
  • El procedimiento negociado, de exclusiva aplicación a ciertos supuestos. La adjudicación del contrato recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras consultar a los candidatos y negociar las condiciones del contrato. Al menos han de solicitarse ofertas a un mínimo de tres empresas.
  • El procedimiento de diálogo competitivo, reservado para aquellos contratos en que su complejidad impide al órgano de contratación definir las soluciones para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, dicho órgano seleccionará a un grupo de candidatos de entre las solicitudes recibidas, para dirigir un diálogo entre ellos conducente a discernir una o varias soluciones. Una vez establecidas las bases, los candidatos presentarán sus ofertas.
  • Y, por último, el concurso de proyectos, caracterizado por ser un procedimiento dirigido a la obtención de planos o proyectos a través de una selección. Tras la licitación, un jurado emitirá un dictamen sobre el proyecto seleccionado que será preceptivo, aunque no vinculante para el órgano de contratación.

Por otro lado, los referidos procedimientos pueden desarrollarse a diferentes ritmos, pues existe una tramitación ordinaria, urgente y de emergencia, según las necesidades del ente público en cuestión.

Y, por su parte, se examinarán ciertos requisitos que han de cumplir los candidatos, tales como capacidad de obrar, prohibiciones en que puedan incurrir y su solvencia.

 

1479150652_f086En consecuencia, dada la gran complejidad de las normas que regulan la contratación del sector público, resulta imprescindible un asesoramiento específico que acompañe a la empresa en todas sus fases para así conseguir, por un lado, el beneficio económico de la empresa, y por otro, el del sector público, que en definitiva, supondrá un beneficio para todos los ciudadanos de este país.