Frecuentemente ocupan los titulares de la prensa noticias acerca de las posibles infracciones de derecho de la competencia que, o bien están siendo investigadas o han sido declaradas por la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) u otras autoridades de competencia. Pues bien, las consecuencias que pueden derivarse para las empresas infractoras de las normas de la competencia, ante el desarrollo de conductas anticompetitivas (mediante cárteles, abusos de posición de dominio o restricciones prohibidas en acuerdos de distribución), pueden ser tanto la imposición de elevadas multas como la asunción de la correspondiente responsabilidad civil derivada de los daños causados.

En este sentido, la Unión Europea está dando pasos con el fin de facilitar las reclamaciones a los infractores del derecho de la competencia, entre los que cabe destacar la Directiva 2014/104/UE que favorece el acceso a los documentos de prueba y unifica las normas de procedimiento aplicables en los Estados miembros, que tendrán que trasponerla antes del 27 de diciembre de 2016.

Está información puede resultar especialmente interesante para cualquier empresa que haya sufrido un daño derivado de una conducta restrictiva. Específicamente, los fabricantes de productos de gran consumo podrían haber sufrido los efectos de varios cárteles que han sido resueltos por la Comisión Europea y la CNMC en los últimos meses y en los que se han visto involucrados diversos proveedores.

De hecho, la CNMC impuso una multa a veinticuatro fabricantes de palés de madera EUR/EPAL, en septiembre 2014, por la adopción de acuerdos sobre precios y condiciones comerciales e intercambios de información confidencial desde 1998 a 2011. Las empresas que resultaron sancionadas fueron, en concreto: Aglolak, Serradora Boix, Carpe Servicios Logísticos, Maderas de Miguel Carretero, Aserraderos de Cuellar, Estyant, Hemasa, Indepal, Maderas José Saiz, Sauher Sanz Ull Hermanos, Pallet Tama, Tole Catalana Dos, Aplicaciones y Transformaciones de la Madera, Bamipal, Embalajes Blanco, Embalatges Casajuana, Maderas Vicente del Castillo e Hijos, Ebaki XXI, Ecolignor, Imnava, Palets Joan Martorell, Embalajes Novalgos, Palets Penedes y Serrerías Carrera Ramírez y la Asociación CALIPAL.

En relación con el sector de fabricación de papel y de cartón ondulado, la CNMC en junio de 2015 multó a dieciocho empresas, así como a la Asociación sectorial (AFCO) por intercambiar información y pactar los precios y reparto de clientes entre 2002 y 2013. Las empresas sancionadas fueron las siguientes: AFCO, Cartonajes Europa, Cartonajes Internacional, Cartonajes Izquierdo, Cartonajes La Plana, Cartonajes M. Petit, Cartonajes Santorromán, Daniel Aguiló Panisello, Diseño Contenedores y Embalajes, Hispano Embalaje, Lantero Cartón, Microlan, Papelera del Ebro, Papeles y Cartones de Europa, Rafael Hinojosa, Industrias Celulosa Aragonesa, Saica Pack, Smurfit Kappa España, Suministros Ind. Cartón Envases.

Asimismo, en junio de 2015, la Comisión Europea sancionó a ocho fabricantes y a dos distribuidores de bandejas para alimentos de poliestireno y de polipropileno por desarrollar las siguientes conductas anticompetitivas: fijar precios, repartir los mercados, manipular licitaciones e intercambiar información sensible durante la última década en éste mercado, afectando específicamente a los clientes establecidos en España y en Portugal desde el año 2000 hasta el año 2008. Las empresas sancionadas por la Comisión Europea en este supuesto fueron Linpac, Vitembal, Huhtamäki, Sirap-Gema, Coopbox, Nespak, Magic Pack, Silver Plastics, Ovarpack y Propack.

En este tipo de caso, las reclamaciones pueden englobar el daño emergente, el lucro cesante así como los intereses devengados desde que se causó el daño, lo que puede ocasionar un fuerte impacto en el supuesto de prácticas de larga duración.

En términos generales, los daños a reclamar se corresponderán con los sobrecostes sufragados por la víctima como resultado de la infracción. Si bien, se podrá descontar lo que aquélla haya repercutido a sus clientes (pass through), lo que, en todo caso, concierne probar al demandado. Es más, en los casos de cárteles, también se podrá reclamar el sobrecoste pagado a una empresa que no haya formado parte del cártel pero que competía con los infractores si esa empresa pudo subir también sus precios como consecuencia de la conducta anticompetitiva.

La reclamación se puede plantear ante un Juzgado de lo mercantil en caso de que se pretenda que se declare la infracción y se condene a la infractora a pagar una indemnización (acción stand-alone), o en un Juzgado de primera instancia si lo que se trata de reclamar es únicamente los daños derivados de una infracción anteriormente declarada por una resolución firme de una autoridad de competencia (acción follow-on).

Hay que tener en cuenta que en España, actualmente, la acción de daños prescribe al año desde que la víctima pudo conocer y cuantificar el daño sufrido, lo que en la práctica da lugar a numerosos problemas. Por ello, es importante considerar la posibilidad interrumpir el plazo de prescripción, mediante el envío de una carta de reclamación por conducto fehaciente. En los casos de trasposición de la Directiva, el plazo de prescripción se ampliará a cinco años.

Respecto a las personas a las que se puede reclamar, en su caso, podría reclamarse a todos los partícipes en la infracción que, responderán solidariamente por los daños ocasionados. Por lo que, la empresa podrá elegir entre demandar a uno de los infractores, a varios o a todos ellos. De lo que se infiere que también se puede reclamar incluso a una empresa con la que no se haya tenido vínculo comercial alguno.

En relación con los pasos a seguir para plantear una reclamación, cabe señalar que en caso de haber participado como comprador en el mercado afectado por una práctica anticompetitiva, en primer lugar habrá que analizar pormenorizadamente la resolución de la autoridad de competencia –si el asunto ya se ha resuelto–con el fin de analizar cómo la empresa ha podido verse afectada. En el supuesto de que solamente se haya anunciado la iniciación de una investigación formal, siempre se puede solicitar la condición de interesado en el expediente incoado.

En cualquier caso, si considera que se ha podido ver afectado por el desarrollo de una la conducta infractora de las normas de la competencia directamente –porque su empresa ha sido cliente de una o varias de las empresas sancionadas durante el periodo de la infracción– o incluso indirectamente, primeramente habrá que determinar el volumen de compras realizado en el mercado afectado, para posteriormente calcular el sobrecoste ocasionado por la infracción y determinar el daño sufrido. Si bien, esto es muy variable y depende del supuesto concreto, se estima que los beneficios ilícitos como resultado de un cártel alcanzan entre un 10% y un 30% de las ventas de la empresa en el sector afectado. Si por motivos comerciales o de cualquier otro tipo su empresa no quisiera plantear una reclamación formal contra uno o varios proveedores, siempre podría utilizar esta posibilidad para obtener mejores condiciones de compra en las futuras negociaciones con los infractores.