Como consecuencia de la sentencia de inconstitucionalidad de la norma foral que regula el impuesto de la plusvalía en Guipúzcoa, la normativa nacional será modificada. Por ello, si crees que se te ha cobrado el impuesto sin haber tenido un aumento de valor, dale una oportunidad a este artículo y descubrirás cómo reclamar la devolución de este impuesto.

 

¿Qué es la Plusvalía Municipal?

Se trata de un impuesto que grava el aumento del valor del terreno urbano durante la transmisión de la propiedad del mismo. Este tributo excluye el incremento del valor de los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 

factores¿Quién lo paga y en qué casos?

Debe pagarlo tanto el transmitente de los bienes o la persona que constituya o transmita derechos en las operaciones onerosas, como el adquiriente de ellos a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando se refiera a transmisiones a título lucrativo.

Este impuesto debe pagarse en los casos de venta de un bien de naturaleza urbana (piso, local o terreno de naturaleza urbana), cuando se produce la adquisición mediante donación o sucesión, y en los casos en los que se constituya un derecho real sobre estos bienes.

 

start up¿Quién puede beneficiarse de la sentencia del Tribunal Constitucional?

Fundamentalmente esta sentencia será de aplicación en los casos en los que no haya habido un aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión.

Los contribuyentes que podrán beneficiarse serán aquellos que recurrieron la liquidación efectuada por el Ayuntamiento y que persistan en la misma. Asimismo, aquellos que realicen la autoliquidación del impuesto cuando inste su rectificación, antes de que transcurran cuatro años contados desde que finalizó el plazo para presentar dicha liquidación.

 

Plazos para reclamar la devolución de la Plusvalía Municipal

En primer lugar hay que tener en  cuenta quién realiza la declaración, es decir, si se trata de una liquidación dictada por el Ayuntamiento, o es el contribuyente el que la ha presentado.

En el primer caso, el contribuyente sólo tendrá un mes para recurrir dicha liquidación, periodo tras el cual le devendrá firme e inatacable, siendo la única posibilidad iniciar un procedimiento de revisión de acuerdo a alguna de las cláusulas de nulidad previstas en el artículo 217 de la Ley General Tributaria.

En caso de que la autoliquidación fuera realizada por el contribuyente, éste tendrá cuatro años para solicitar su rectificación y solicitar la devolución del ingreso indebido que resulte como consecuencia de dicha rectificación.

 

¿Cómo reclamar la devolución de la Plusvalía Municipal?

En primer lugar trataremos de definir, a grandes rasgos, el procedimiento para realizar la reclamación de la plusvalía para después, en los pasos posteriores, explicar de manera sencilla en qué consiste cada uno de los recursos que integran dicho proceso de reclamación y cómo llevarlos a cabo de forma correcta.

Para reclamar dicha devolución es necesario presentar un recurso de reposición, que será de carácter voluntario en los casos en los que el Ayuntamiento sea de gran población (municipios con poblaciones de entre 75.000 y 250.000 habitantes, así como capitales de provincia), y una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal correspondiente.

En los casos en los que la autoliquidación haya sido presentada a iniciativa del contribuyente, antes de los citados pasos deberá presentar ante su Ayuntamiento una solicitud de rectificación de su declaración.

Una vez llevados a cabo los pasos mencionados anteriormente, si  la reclamación económico-administrativa es desestimada será necesario interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

 

Recurso de Reposición

Es un recurso que se presenta con la finalidad de revocar resoluciones que emanan de la Administración u órganos administrativos. Se presenta por vía administrativa.

Para presentar dicho recurso es necesario tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, es un recurso de carácter voluntario y por tanto podría prescindirse de él y plantear directamente la reclamación económico-administrativa. En segundo, se deben cumplimentar los datos necesarios (identificación del recurrente, acto a recurrir, razón de impugnación, domicilio de notificación, lugar, fecha, firma del recurrente y Unidad Administrativa a la que se dirige).

El plazo de presentación será de un mes si el acto fuera expreso y de tres meses en caso contrario. Comenzará a contar desde el día siguiente al que se produzca el acto presunto. La documentación necesaria se podrá presentar de forma presencial, por correo postal o con certificado digital.

Dicho recurso será resuelto en el plazo de un mes, considerándose el silencio administrativo como de carácter negativo e indicativo de la apertura de la vía contenciosa-administrativa.

 

Reclamación Económico-Administrativa

Se trata de un recurso de carácter administrativo que tiene por objeto revisar la legalidad de los actos de aplicación de los tributos, que en este caso sería el de la aplicación del impuesto de la Plusvalía Municipal siempre que no haya habido aumento en el valor de los terrenos. Esta reclamación es necesaria antes de agotar la vía administrativa y abrir la vía del recurso contencioso-administrativo.

Para presentar dicho recurso será imprescindible rellenar un escrito de interposición ante el tribunal económico municipal correspondiente. En dicho texto se deberán incluir los procedimientos llevados a cabo anteriormente (recurso de reposición), los motivos de su presentación (rechazo del recurso de reposición), la identificación del recurrente, las alegaciones pertinentes y la solicitud de la aprobación de dicho recurso al tribunal.

El plazo de resolución será de dos meses. En caso de que resulte negativo, sólo quedará la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

 

Recurso Contencioso-Administrativo

Se define como un procedimiento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, como sería en este acaso el rechazo de la reclamación económico-administrativa.

Dicho procedimiento consta de los siguientes pasos: diligencias preliminares, escrito de interposición, remisión del expediente, emplazamiento, auto de inadmisión, demanda y contestación, alegaciones previas, prueba, vistas y conclusiones y sentencia final.

 

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